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La definición más común de exclusión social es la de una escasez crónica de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales, a condiciones físicas y de infraestructura adecuadas, y al sistema de derechos .
Dado que los distintos modelos de desarrollo adoptados hasta el momento, no han sido suficientes para generar el bienestar de todos, existen grupos que quedan a menudo en desventaja y situación de vulnerabilidad: indígenas, inmigrantes, afro-descendientes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otras características o necesidades especiales, minorías étnicas, religiosas, sexuales o sociales. Se trata de los grupos que reconocemos - mas allá de las variaciones regionales- por su condición de exclusión .
Para hacer más eficaces las acciones hacia el desarrollo y lograr que alcancen a todas las manifestaciones de la diversidad humana se debe considerar en las políticas públicas - desde su diseño hasta su implementación - las necesidades de todos los colectivos que la integran. No se trata solamente de postular la inclusión solamente como tema de derechos humanos y principio de equidad, sino de hacer este enfoque operativo, proponiendo alternativas para que las capacidades y diversidades de cada grupo sean usadas en pos de mejores políticas públicas para todos.
Por su experiencia como grupo tradicionalmente excluido el sector de la discapacidad tiene entre sus principios básicos el respeto a la diversidad, la equiparación de oportunidades, la autonomía personal, la solidaridad. Esto lo coloca en una posición de privilegio en cuanto a generar un aporte sustancial al proceso de desarrollo, aplicable para remediar su propia condición de exclusión, pero entendiendo que esta no cambiará si no cambia la calidad de vida de la población en general. Una estrategia inclusiva sólo tiene sentido si incorpora a todas y todos. Sin proponer respuestas específicas y aisladas, sino amplias y generales de manera que cubran a todos los segmentos sociales, desde los más favorecidos hasta los más excluidos, integral y transversalmente.
Cambiar la mirada tradicional sobre los procesos de desarrollo social y humano y lograr que potencien las oportunidades de inclusión de todas las personas demanda un complejo proceso de transformaciones económicas y socio-culturales cuyo punto de partida debe ser la elaboración y puesta en marcha de políticas públicas orientadas al desarrollo inclusivo.
En las políticas públicas, existen principalmente dos abordajes en relación a la discapacidad: la prevención de la discapacidad y la inclusión social de las personas con discapacidad. Ambos abordajes son no solo diferentes sino complementarios.
La prevención y el control de los factores que causan discapacidad será siempre un objetivo esencial. Sin embargo (y a pesar del éxito que puedan tener los programas destinados a la prevención) la realidad de las personas con discapacidad no desaparecerá pronto, ni siquiera en las economías mas establecidas y desarrolladas. Existen millones de personas con discapacidad, y por supuesto, el bienestar de los millones de ellas que actualmente viven en situación de pobreza debe ser abordado tanto considerando sus necesidades a través de las políticas públicas en general como diseñando intervenciones específicas para mitigar sus desventajas como grupo social.
Prevención
Las estrategias dirigidas a la prevención tienen un gran potencial en cuanto a la reducción de la pobreza asociada a la discapacidad. De manera aproximada, el 80% de la discapacidad se origina en causas prevenibles o controlables: malnutrición, enfermedades, conflictos, accidentes de tránsito y laborales, condiciones inseguras de vivienda, desastres naturales. Las discapacidades importantes originadas en causas congénitas constituyen sólo el 2% de todas las discapacidades.
De esta manera, los esfuerzos por combatir el hambre, mejorar los servicios de salud, construir carreteras seguras y establecer normas de seguridad, tienen el efecto de reducir la incidencia de la discapacidad. Para aumentar su efectividad, el diseño e implementación de estos programas deberían incorporar explícitamente la prevención de la discapacidad.
Inclusión
La manera más efectiva de ayudar a las personas con discapacidad y a sus familias a escapar de la pobreza, es permitiéndoles participar en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello, el enfoque principal es el de remover las barreras que en la actualidad no les permiten tener tal participación. Para ello es necesario considerar e incluir activamente a las personas con discapacidad en el diseño e implementación de los programas de salud, educación, empleo, transporte, etc. Esta estrategia no sólo es consecuente con un abordaje basado en los derechos de las personas con discapacidad, sino también es la más costo-efectiva.
Considérese el ejemplo de construcción de escuelas. Incluir a los niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes, transmite a ellos y a sus comunidades el mensaje de que sus derechos a la educación - en consecuencia su derecho a la inclusión social - es el mismo derecho de todos. Asegurar que las nuevas construcciones sean accesibles adiciona un costo mínimo, si es que hay alguno. Operar un centro separado es mucho más costoso, como también lo sería la reconstrucción o renovación de un edificio existente, razón por la cual la accesibilidad debe ser considerada desde un inicio. (Ligar con Educación Inclusiva)
Al mismo tiempo, es importante tener en mente que algunos niños y niñas con discapacidad - especialmente la discapacidad mental o la auditiva o visual cuando son severas - puedan requerir educación especializada adicional o complementaria, en función de sus necesidades y posibilidades.
El enfoque de desarrollo inclusivo procura desarrollar el argumento económico a favor de la inclusión, demostrando que se trata de un activo social que acarreará beneficios para toda la sociedad. La visualización del círculo vicioso entre exclusión, pobreza y discapacidad es apenas incipiente y esta aún lejos de adquirir una dimensión práctica que permita, a quienes toman decisiones, tener en cuenta dicha interacción recíproca e incluirla en la formulación de programas.
Por mucho tiempo el argumento en pos de la inclusión de las personas con discapacidad fue planteado exclusivamente desde el ángulo de los derechos humanos, sin reconocer el costo de la exclusión y el capital humano y social de las personas con discapacidad. El economista Robert Metts, en su reciente estudio "Discapacidad y Desarrollo" (1) preparado para el Banco Mundial, afirma que "la discapacidad reduce el producto económico" no solo por "disminuir o eliminar las contribuciones de las personas con discapacidad y sus familias" sino por que "la mayoría de los gastos por discapacidad han provenido tradicionalmente de presupuestos gubernamentales, o de iniciativas caritativas, volviéndolos una carga para los contribuyentes".
(1) Metts, Robert, Disability and Development, Background Paper prepared for the Disability and Development Research Agenda Meeting, November 16, 2004, World Bank.
Esta Tabla revela el rango estimado de la pérdida global del PIB debido a la discapacidad como ubicada entre $1.71 y $2.23 mil millones al año, lo que resulta entre el 5.35% y el 6.97% del PIB global total.
| Valor del PIB perdido (US$) | Estimación Baja | Estimación Alta |
| Países con Ingresos Altos | 1,224,014,055,600 | 1,594,439,361,900 |
| Países con Ingresos Medios | 377,700,686,120 | 492,004,841,130 |
| Países con Ingresos Bajos | 110,495,236,440 | 143,934,584,310 |
| TOTAL | 1,712,209,978,160 | 2,230,378,787,340 |
Los países de América Latina y el Caribe tienen uno de los índices de iniquidad más altos del mundo en desarrollo. Los ingresos, recursos y oportunidades, sistemáticamente y en forma desproporcionada, se concentran en las elites de la sociedad. Durante mucho tiempo, la pobreza y la degradación social que resultan de la iniquidad de la región se consideraron problemas meramente económicos. En América Latina y el Caribe, la exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas, a los grupos de ascendencia africana, a las mujeres, a las personas con discapacidad y/o a las personas VIH positivas.
Los excluidos no son una parte minoritaria de la población de América Latina y el Caribe. En varios países de la Región, por ejemplo, los indígenas y grupos de ascendencia africana constituyen la mayoría. Los afro-descendientes podrían ser considerados como los más invisibles de los invisibles : están ausentes en materia de liderazgo político, económico y educativo, a pesar de que constituyen cerca del 30% de la población de la Región y más de la mitad de la misma en países como Brasil , Colombia, Venezuela y Haití.
Resulta evidente la alta concentración de pobreza y el limitado acceso de los afro-descendientes a servicios básicos de calidad. Por ejemplo, más del 80% de la población afro-colombiana vive en condiciones de pobreza y su ingreso per capita oscila entre 500 y 600 dólares, mientras que el PIB per cápita nacional es de 1,500 dólares.
Cerca de 40 millones de indígenas viven en América Latina y el Caribe. Esta cifra constituye el 10% de la población de la Región pero representa a la vez el 25% de la población pobre del continente. En Brasil, Perú, Bolivia y Guatemala, los grupos étnicos afro-descendientes e indígenas constituyen la mayoría de la población y representan el 60% de la población que vive en condiciones de pobreza.
Según UNAIDS (2000), se estima que 1.8 millones de personas viven con VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. Las mujeres representan entre el 14 y el 45% de los que son VIH positivos. La intersección entre etnicidad y SIDA es también fuerte. Las Garifunas en Honduras presentan los índices de infección más altos de la Región.
Los beneficios de promover políticas de inclusión son muchos. Un estudio contratado por el BID en el 2001 estimó las ganancias en el Producto Interno Bruto (PIB) si se elimina la discriminación de indígenas y personas de ascendencia africana en los mercados laborales. Los resultados son dramáticos: la economía de Bolivia, crecería un 36.7%; la de Brasil, un 12,8%; la economía de Guatemala un 13,6%; y la de Perú, un 4,2%. Estas estimaciones no tienen en cuenta las mejoras en términos de cohesión social, integración comunitaria, desarrollo educativo, entre otras, que también resultan de una mayor inclusión. Los organismos multilaterales como el BID buscan trabajar con los países para lograr desarrollo económico, social e individual en la región a través de promover políticas de inclusión social.
Datos sobre discapacidad en América Latina y el Caribe
La Comisión Europea lanzó un nuevo portal del "Diálogo con los Ciudadanos" que da informaciones claras sobre la forma en que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos en el Mercado Interno de la UE y es navegable en todas las 20 lenguas oficiales. El sitio contiene guías sobre 10 áreas de la legislación de la UE y más de 1300 fichas informativas multilingües, con consejos prácticos y que se pueden imprimir. Los usuarios que no consiguiesen encontrar la información que precisan ó que tuviesen preguntas sobre cualquier aspecto de la política de la UE pueden llamar por teléfono o enviar un e-mail para otros servicios de consejería y de solución de problemas que están accesibles en el sitio y obtener ayuda personalizada en cualquiera de las 20 lenguas.
Viñetas
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